Herramientas de Accesibilidad

Seleccione su idioma

En el terreno

Explora nuestro trabajo con socios, a nivel mundial y local, para abordar la injusticia social y económica a través de una perspectiva de derechos humanos.

Liberar las patentes para evitar una catástrofe

Liberar las patentes para evitar una catástrofe

Liberar las patentes para evitar una catástrofe

 

La Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR por sus siglas en inglés) adhiere a la siguiente declaración conjunta, firmada por más de 90 organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas y globales, que aboga por la suspensión temporal de las patentes de productos para el tratamiento y la prevención del covid-19. Comparte y difunde este llamado con los hashtags #LiberenLasPatentes #LiberemAsPatentes #NoCovidMonopolies.

 

Es urgente una respuesta global que reconozca a las vacunas como un bien común de la humanidad. La suspensión temporal de patentes es un paso obligatorio para producir masivamente los insumos necesarios para enfrentar la pandemia en el mundo y garantizar el derecho a la salud y a la vida en todos los países.

Los remedios, insumos y vacunas para la prevención y tratamiento del Covid-19 existen y son inaccesibles para la gran mayoría de la población. La codicia de un pequeño grupo de países y el lobby empresarial impiden que se democratice la producción de los medicamentos y de las vacunas. Esa concentración buscada y sostenida y la opacidad incluso respecto de los costos de producción y criterios de determinación de precios prolongan la pandemia y ahondan la crisis social y económica en América Latina y en el mundo.

El próximo jueves, representantes de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunirán para discutir la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de productos para la prevención y el tratamiento del Covid-19. Más de 100 países miembros de la OMC y centenares de organizaciones de la sociedad civil acompañan la iniciativa de India y Sudáfrica, y piden la suspensión de algunas normas sobre propiedad intelectual para las vacunas, medicamentos y tecnologías médicas para poder enfrentar la pandemia.

A pesar de las reiteradas recomendaciones (también aquí y aquí; y a nivel regional, aquí) de mecanismos internacionales de derechos humanos y de la misma OMS, un puñado de países ricos y de empresas sigue bloqueando la desconcentración de la producción: Estados Unidos, Suiza, Canadá, Reino Unido, Japón, miembros de Unión Europea repiten los argumentos de la industria farmacéutica: alegan que las leyes del mercado son suficientes para ordenar la distribución de las vacunas.

Hoy vemos que bajo estas reglas, casi la mitad de las más de 200 millones de vacunas ya administradas en el mundo se aplicaron en los siete países más ricos, donde vive el 10% de la población del planeta. Al competir por las dosis vendidas a precio de mercado, la iniciativa COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) ha tenido casi nulo impacto.

La pandemia ya provocó más de 800 mil muertes y está ampliando radicalmente las brechas sociales en la región. Se estima que la pobreza alcanzó al 33,7% de la población o 209 millones de personas. Los índices de pobreza extrema son los mayores de los últimos 20 años y aumentan el hambre y la desnutrición. La única manera de empezar a revertir este escenario es la inmunización masiva de la población. Sin embargo, más allá del nivel de éxito de las gestiones de los gobiernos, las vacunas no llegan con la velocidad necesaria.

La lógica económica que se impuso sobre el derecho a la salud nos pone ante una nueva división global entre países inmunizados y no, debido al acceso desigual a vacunas y a la escasez que una liberación de patentes podría revertir.

 

Argentina

1. Agenda de las Mujeres

2. ALC Noticias

3. AMMAR- Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina

4. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - APDH

5. Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales

6. Asociación Civil CineMigrante

7. Asociación Civil Colectiva Feminista La Revuelta

8. Asociación Civil s/f.l. La Grieta

9. Asociación Metropolitana de Equipos de Salud

10. Asociación Yanapacuns

11. Bloque de Trabajadorxs Migrantes

12. Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS

13. Ciudad Futura

14. Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte

15. Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP)

16. CTAA Capital Regional Norte

17. CUESEB - Centro de estudios de salud, economía y bienestar Universidad Nacional del

Comahue

18. Equifem Equipo de investigación feminista

19. Fondo de Ayuda Toxicológica

20. Frente Popular Darío Santillán

21. Fundación El Gran Vidrio

22. Fundación Empoderada

23. Fundación Igualdad

24. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)

25. Ges Asociación Civil

26. Grupo Matamba-lbtiq

27. Instituto de Física de Rosario (IFIR)

28. Instituto de Políticas Públicas LGBT+

29. LatFem periodismo feminista

30. Mariposas naranjas

31. Memoria Abierta

32. MNCI Somos Tierra

33. Museo de la Memoria de Rosario

34. Ni Una Menos

35. Núcleo de Estudios Migratorios, IDAES, Universidad Nacional de San Martín

36. OMEP – Organización Mundial para la Educación Preescolar

37. Organizaciones Libres del Pueblo – Resistir y luchar

38. Proyectarg

39. Red Argentina para el Desarme

40. Red Nacional de Migrantes y Refugiadxs en Argentina

41. Revista Furias

42. Secretaria de Salud de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

43. Servicio Habitacional y de Acción Social

 

Bolivia

44. Asociación de familiares de detenidos desaparecidos y mártires por la liberación

nacional - ASOFAMD

45. Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local

46. Centro de Gestión Cultural Pukañawi

47. CIES Salud Sexual Salud Reproductiva

48. Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de

Estado (ITEI)

49. Organización No Gubernamental de Desarrollo Integral MUSUQ ÑAN

 

Brasil

50. Articulação Pacari Raizeiras do Cerrado

51. Artigo 19

52. Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC)

53. Conselho Indigenista Missionário - Cimi

54. Fórum Justiça

55. Instituto Marielle Franco

56. Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ

57. Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH Brasil

58. MTST - Movimento dos Trabalhadores Sem Teto

59. Núcleo de Preservação da Memória Política

60. Terra de Direitos

 

Chile

61. Fondo Alquimia

62. Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

63. Observatorio Ciudadano

64. Observatorio de Equidad de Género en Salud, OEGS

65. Observatorio de Género y Equidad

 

Colombia

66. Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" – CAJAR

67. Dejusticia

 

Ecuador

68. COCASEN Coalición Contra el Abuso Sexual

69. FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL INTEGRAL MULTISECTORIAL (FASIM)

70. Misión Scalabriniana

71. Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador

72. Surkuna

 

Estados Unidos

73. Guías de Salud Hesperian

74. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

75. University Network for Human Rights

 

Honduras

76. Centro de Derechos de Mujeres

77. Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

 

México

78. FIAN México

79. Global Initiave for Economic, Social and Cultural Rights

80. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

81. Poiesis, SC.

82. ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

 

Paraguay

83. CONAMURI

84. DECIDAMOS, Campaña por la Expresion Ciudadana

85. Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI

86. SERPAJ-PY (Servicio Paz y Justicia Paraguay)

 

Perú

87. Asociación Centro Loyola Ayacucho

88. INPPARES

 

Venezuela

89. SURES

 

Regional

90. RedTraSex LAC (Red de mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y El Caribe)

 

Internacional

91. Global Initative for Economic, Social and Cultural Rights

92. Sexual Rights Initiative

 

Fotografía destacada: Ilustre Municipalidad de Santiago-Flickr

Related Articles

NEWSLETTER

¡No te pierdas ninguna actualización!
Image

Seleccione su idioma

Social Media:

Log in

Climate and Environmental Justice

We have advanced rights-based and gender-transformative transition frameworks through research that centres the lived experiences of women and marginalised communities on the frontlines of extractive energy policies, promoting climate and energy frameworks attentive to the social and care-related impacts of transition pathways. We have developed a clear vision for a gender-just transition, firmly rooted in gender and human rights norms, establishing both the legal basis and the direction for the transformative changes our planet and societies urgently need. In particular, the ‘Guiding Principles for Gender Equality and Human Rights in the Energy Transition’, a collective effort built through online consultations, an in-person workshop and multiple rounds of revision with activists, practitioners and experts from around the world, outline a transformative vision for reshaping global energy systems through a human rights and gender equality lens.

Our work recognises that the climate emergency is both an existential threat and an opportunity to reimagine societies built on social, gender, economic and environmental justice. We ground our advocacy in feminist and intersectional principles, prioritising the agency and perspectives of communities in the Global South who have contributed the least to the climate emergency yet face its most devastating consequences. Central to our approach is the understanding that energy is not merely a commodity but a fundamental human right; essential for dignity, health, education, work and the realisation of countless other rights. We challenge approaches to the energy transition that risk replicating the harmful patterns of fossil fuel extraction and, instead, advocate for transformative policies that ensure human rights and gender equality as central to building climate-resilient societies rooted in dignity, justice and planetary well-being.

What's next?

We will continue to challenge approaches that treat energy transition as merely a technical shift, instead positioning it as an opportunity to reimagine economies and societies rooted in dignity for all, with particular attention to communities in the Global South who have contributed least to the climate emergency yet are most exposed to its worst effects.

We will connect community-level evidence and the lived experiences of those on the frontlines of extractive policies to national reform and global norm-setting, breaking down silos between human rights, gender, and climate movements, and advancing a shared vision that recognises just transitions as not only fundamental to achieving climate-resilient and sustainable societies, but as transformative pathways that advance social and gender equality, redistribute power and resources equitably, and ensure that energy systems serve the public good rather than profit.

We will mainstream rights-based and genderjust transition priorities in key multilateral spaces (particularly, within the Just Transition Work Programme and the to-be-developed Just Transition Mechanism, within the UNFCCC) to guarantee that just transitions are advanced at all levels.

We will also translate our work, through strategic advocacy, into at least two concrete policy wins, whether promoted, adopted, implemented, or scaled, in priority countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Colombia, South Africa, or Kenya), ensuring these policies align with human rights standards, centre gender equality, and reflect the needs and views of affected communities.

We will build momentum for the progressive recognition of the right to sustainable energy to shift dominant narratives away from purely extractive solutions that sideline gendered impacts, community participation, and Global South perspectives.

Economic Justice and Climate Finance

Our work has transformed the global discussion on fiscal policy in a more just, emancipatory and sustainable direction. Our approach has combined both high-level, expert contributions within decisionmaking circles, with bold, impactful work on narrative change with the general public.

We have been instrumental in the inclusion of human rights as a guiding principle of the future United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation, a multilateral instrument with the potential of raising approx. USD 492 billion per year in public revenues currently foregone to global tax abuse. In the process leading to the ‘Compromiso de Sevilla’ decided at FfD4, we proposed and succeeded in creating a specific human rights workstream within the Civil Society Financing for Development Mechanism, which was critical to ensure that explicit commitments on the matter were included in the negotiating outcome. In a context of cutbacks in multilateral institutions, we have amplified the capacities of technical experts, providing rigorous technical support and leveraging our influence to ensure the enactments of groundbreaking standard-setting instruments, such as the 2025 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights Statement on Fiscal Policy and Human Rights, and the first ex oficio hearing on the Inter-American Commission of Human Rights on Fiscal and Economic Policies to Address Poverty and Structural Inequality, leading to an upcoming thematic resolution on the matter. We have also bridged the silos between multilateral tax discussions and climate finance debates, promoting ambitious financing commitments to increase international and domestic resource mobilisation during COP 28, 29 and 30.

At the regional level, our engagement with fiscal cooperation platforms such as the Platform for Fiscal Cooperation of Latin America and the Caribbean (PTLAC), where we are member of its Civil Society Consultative Council, and the African Anti-IFFs Policy Tracker, for which we participated in the pilot mission in Ivory Coast together with Tax Justice Network Africa (TJNA), have been critical in cementing a growing engagement between tax administrations and ministries of finance with international legal experts, exploring actionable and transformative initiatives, such as the taxation of high-net-worth individuals, beneficial ownership registries and corporate countryby-country reports, to be implemented at the international level.

At the local level, our interventions in fiscal reform debates in Chile, Brazil, Colombia and Nigeria have contributed to shaping legislative outcomes in a more progressive, rights-compliant direction.

As for our leadership in narrative change, we have a measurable track record in delivering tailored, innovative campaigns which have decisively expanded economic justice constituencies by appealing to a broader tent. In Latin America and the Caribbean, we created the ‘Date Cuenta’ campaign, coordinating over 40 organisations across civil society to deliver plain language, innovative messaging connecting progressive fiscal reforms to the financing of health, education and social protection. ‘Date Cuenta’ generated over 55 original campaign messages that were tailored to the realities of seven priority countries (Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru and Honduras) and disseminated in Spanish, Portuguese and English. In doing so, we convened more than 65 online co-creation workshops with partners, coordinating a unified communications strategy which combined digital outreach, press and media coverage, and collaboration with influencers. Ultimately, ‘Date Cuenta’ resulted in more than 60,000 interactions on social media, coverage in major regional and international media outlets, including El País, Deutsche Welle, Bloomberg and France 24, and the participation of at least 63 social media influencers through 58 dedicated publications. In collaboration with Fundación Gabo and the Friedrich Ebert Stiftung, we also organised a two-day workshop in Bogota with 20 journalists from 13 countries, building a regional network trained in a human rights-based approach to fiscal policy that has since generated published media coverage on outlets such as La Diaria, Ciper, El Diario Ar and Milenio. Through ‘Date Cuenta’ and our regional advocacy, we strengthened civil society engagement in key processes, including the Financing for Development track and FfD4, co-organised highlevel dialogues with states and civil society from Latin America and Africa.

What's next?

We will shape the UN Tax Convention and its Protocols so they embed human rights principles, and we will stay engaged through follow-up processes (including the expected Conference of the Parties) to support effective implementation. We will keep linking tax and climate finance so that new resources mobilised through fiscal cooperation are channelled to adaptation, mitigation, and loss and damage, in line with UNFCCC commitments.

Public Services for Care Societies

We have translated participatory research into accountability and policy outcomes.

In Ivory Coast, our work with Mouvement Ivoirien des Droits Humains and affected communities since 2023 exposed how privatisation and lack of accountability restrict access to quality healthcare. It contributed to the closure of 1,022 illegal private health centres, an executive instrument strengthening the regulation of private hospitals across the country, and the creation of a permanent complaints management committee in healthcare through a bylaw issued by the prefect of Gagnoa. Partners engaged through this process also advanced concrete improvements at facility level: members of the Gagnoa Midwives Association who took part in the participatory action research pooled resources to renovate the neonatal unit of the Regional Hospital, and the Director of the Gagnoa General Hospital launched an action plan to expand services and improve patient reception, with the facility receiving the award for best hospital in the country in 2025.

In Kenya, our research with the Mathare Education Taskforce documented the absence of public schools and the expansion of private provision, evidencing impacts on households and caregivers and strengthening demands for free, quality public education. This work contributed to stronger community agency and collective organisation, alongside ongoing strategies ranging from communications to litigation to secure a public school in the area, some involving GI-ESCR and others led independently.

Across Africa, this work is complemented by a multi-country study examining the human rights implications of austerity in education and health, including how regressive fiscal policies, rising debt burdens and persistent underinvestment undermine the financing and delivery of public services.

In Latin America, from 29 November to 2 December 2021, over a thousand representatives from over one hundred countries, from grassroots movements, advocacy, human rights, and development organisations, feminist movements, trade unions, and other civil society organisations, met in Santiago, Chile, and virtually, to discuss the critical role of public services for our future. Following the meeting, the Santiago Declaration on Public Services was adopted to demand universal access to quality, gender-transformative and equitable public services as the foundation of a fair and just society.

We are currently advancing work on care systems, linking public services and fiscal justice through integrated research, advocacy and communications, including a regional campaign framing care as a collective responsibility requiring sustained public investment.

What's next?

In Ivory Coast, we will evaluate and strengthen the complaints management committee and position it as a replicable model for other health facilities. In Kenya, we will support the Mathare community to co-design a model public school for Mabatini and Ngei wards, grounded in human rights standards. Building on our multi-country austerity study, we will drive national advocacy on financing for education and health: advancing reforms in Ghana; launching a fiscal policy and public services financing agenda in Kenya through the CESCR process and targeted coalition work; and, in Nigeria, using the new tax acts in force since 1 January 2026 to catalyse a national accountability campaign for adequately funded, quality public services. In Latin America, we will amplify locally led care pilots across 8 countries and turn lessons into influence—advancing care policies that strengthen care organisations, protect care workers’ rights, support unpaid caregivers, include disability and family networks, and redistribute care more equitably.