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Por primera vez, cuatro Relatores Especiales de la ONU han enviado solicitudes de información conjuntas a los estados de México, Francia y EDF, una de las empresas transnacionales de energía más grandes de Francia.
Los Relatores Especiales reconocieron que EDF sería cómplice de violaciones de derechos humanos asociadas a los actos de su subsidiaria, Eólica de Oaxaca S.A.P.I de C.V, que han afectado especialmente a mujeres y niñas indígenas locales.
El hecho de que cuatro relatorías especiales de la ONU concurran para esta carta de alegación conjunta es, por lo tanto, un fuerte indicio de la importancia y urgencia del caso Unión Hidalgo.
11 de diciembre de 2021/Ciudad de México.- Desde 2015, la comunidad indígena de Unión Hidalgo alega no haber sido efectivamente consultada sobre el proyecto eólico de la empresa estatal francesa Electricité de France (EDF) previsto en sus tierras comunales.
Además, en el contexto de las demandas de respeto a sus derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad han sido estigmatizados, amenazados e incluso agredidos físicamente.
La comunidad de Unión Hidalgo, apoyada por la ONG mexicana ProDESC, inició procedimientos ante las autoridades mexicanas y el Punto de Contacto Nacional de la OCDE en Francia. Sin embargo, los esfuerzos para instalar el parque continuaron y se exacerbaron los ataques a los defensores y las defensoras. Por tal motivo, los representantes indígenas, ProDESC y el ECCHR enviaron una carta formal a EDF, exigiendo que la empresa redoble sus esfuerzos para llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos. Como la compañía de energía no cumplió, ProDESC, ECCHR y representantes de la comunidad presentaron una demanda en el tribunal civil de París en octubre de 2020.
Además, existe una creciente preocupación por el impacto en los derechos humanos de los parques eólicos a gran escala en el pueblo indígena zapoteca de Unión Hidalgo, en Oaxaca, México, los cuales se han implementado sin considerar los impactos en las mujeres.
Por lo tanto, por primera vez, cuatro Relatorías Especiales de la ONU han enviado cartas de solicitud conjuntas a los estados de México, Francia y EDF, una de las empresas transnacionales de energía más grandes de Francia, solicitando información adicional sobre el curso del desarrollo del parque eólico Gunaa Sicarú.
Los Relatores y Relatoras Especiales reconocieron que de ser acertadas las denuncias, EDF sería cómplice de violaciones de derechos humanos asociadas a los actos de su subsidiaria, Eólica de Oaxaca S.A.P.I de C.V, que han afectado especialmente a mujeres y niñas indígenas locales.
Los Relatores y Relatoras Especiales piden a la corporación que brinde información sobre los pasos tomados para implementar y adoptar una evaluación de impacto de género y derechos humanos en el proyecto del parque eólico, medidas tomadas para una consulta genuina con las comunidades afectadas para asegurar el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres y niñas indígenas, la identificación de riesgos de derechos humanos y recursos efectivos, el establecimiento de medidas de mitigación y prevención, así como las medidas tomadas para asegurar que las mujeres tengan acceso, uso y control de la tierra, disfruten de los beneficios del proyecto energético, y oportunidades de empleo donde se pretenda desarrollar proyectos energéticos a gran escala.
Hacia los gobiernos de México y Francia, los Relatores y Relatoras Especiales solicitan información adicional sobre las medidas tomadas para proteger a las comunidades locales contra las violaciones de derechos humanos por parte de corporaciones y las medidas tomadas para asegurar los procesos de debida diligencia por parte de estas empresas, las medidas tomadas para asegurar que las personas tengan acceso a recursos efectivos de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y sobre las investigaciones que cualquiera de los Estados esté llevando a cabo en este caso.
Las cartas refuerzan que los actores corporativos deben ser considerados responsables de sus abusos de derechos humanos relacionados con las empresas de acuerdo con los estándares establecidos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y respaldan que las empresas matrices tienen la obligación de respetar los derechos humanos en sus operaciones en el extranjero y deben ser considerados responsables de las acciones de sus subsidiarias que operan en jurisdicciones extranjeras, especialmente en países en desarrollo, que a menudo no tienen los recursos o las capacidades institucionales para hacer cumplir las normas de derechos humanos.
CITA ALEJANDRA ANCHEITA, Directora Ejecutiva de ProDESC :
“La comunicación de procedimientos especiales de NU enviada al gobierno Mexico, al gobierno Francés y a la empresa EDF hace evidente la urgente necesidad de la implementación rigurosa del principio preventivo que establece la debida diligencia. No es casualidad que sean los y las relatoras sobre Pobreza extrema, derecho al desarrollo, derechos indígenas y la situación de los defensores de derechos humanos, quienes están subrayando la necesidad de la rendición de cuentas empresariales de las corporaciones y en específico la obligaciones de EDF a proporcionar información sobre las medidas tomadas para la protección de la comunidad de Unión Hidalgo,” dijo Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva de ProDESC sobre la publicación de las cartas.
“La carta de denuncia enviada por los procedimientos especiales de las Naciones Unidas a México y Francia, así como a la Électricité de France (EDF), es un paso importante para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos de las mujeres en la transición a las energías renovables”, dijo Magdalena Sepúlveda Carmona del ED GI-ESCR.
El hecho de que cuatro relatores especiales de la ONU conjuntamente enviaran estas cartas de alegación es, por lo tanto, un fuerte indicio de la importancia y urgencia del caso Unión Hidalgo.
Si bien los documentos presionan a Francia, México y EDF para que respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos y presten atención a la situación en Unión Hidalgo, destaca que este caso está ganando atención y preocupación internacional en los principales mecanismos internacionales de derechos humanos, ya que permanece sin resolver en su respeto y protección de los derechos humanos y su atención a sus impactos desproporcionados sobre las mujeres y las niñas.
Las comunicaciones de los Procedimientos Especiales también se informan anualmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que aumenta la conciencia pública y ejerce presión sobre México y Francia para que asuman una posición pública sobre el caso.
Dado que el caso contra EDF se encuentra actualmente en la corte francesa, bajo la Ley de Deber de Vigilancia, estas cartas respaldan la demanda presentada por miembros de la comunidad para exigir que EDF respete, proteja y cumpla los derechos humanos de los pueblos zapotecas y adopte medidas para mitigar los efectos adversos de la construcción del parque eólico en cuestión en mujeres y niñas indígenas.
Puede descargar las tres cartas dirigidas a los gobiernos de México, Francia y EDF aquí. También puede consultar la página oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde fueron publicadas estas cartas.
Información adicional:
¿En qué proyecto específico está trabajando EDF?
Desde 2015, EDF tiene previsto construir un parque eólico a gran escala en la comunidad Zapoteca a través de su filial. Las negociaciones y los procesos administrativos para obtener los permisos necesarios se llevaron a cabo sin consultas de buena fe con la comunidad. Solo después de varios recursos de amparo los comuneros pudieron incluso recibir información sobre el proyecto energético. Sin embargo, el proyecto continuó sin más consultas en profundidad.
En 2018, un tribunal federal se pronunció sobre la violación del derecho de la comunidad al consentimiento libre, previo e informado, ordenando el restablecimiento del proceso de consulta. Las autoridades hasta el momento no han cumplido plenamente, también con base en el brote de COVID-19 que ha llevado a la suspensión del proceso de consulta una vez finalizada la fase informativa.
Además, los ataques, la intimidación y el hostigamiento a quienes se oponen al parque eólico son comunes, las defensoras de derechos humanos dentro de la comunidad explicaron que estos ataques han provocado temor por ellas y sus familias. Para ganarse el apoyo de la comunidad indígena, se alega que la empresa intentó influir en los miembros para que votaran a favor del parque eólico, dividiendo así a la comunidad zapoteca.
El desarrollo del parque eólico en el contexto de la transición energética en México ha tenido múltiples impactos en los derechos humanos de la población local, pero ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres y niñas indígenas. Por ejemplo, los graves problemas de diversidad en el proceso de consulta, con solo el 5% de los participantes siendo mujeres, y eligiendo horarios de reunión que no son adecuados para las mujeres con deberes de cuidado, hicieron imposible que se escuchara la perspectiva de las mujeres dentro del proceso de consulta. Las mujeres se ven más afectadas por la violencia en sus comunidades, lo que les ha impedido participar activamente en la consulta por temor a ser atacadas. Además, dado que las mujeres rara vez tienen derechos de tenencia de la tierra, se ven afectadas de manera desproporcionada por el arrendamiento o la venta de tierras, ya que no reciben beneficios directos de estas transacciones.
A menudo, esta transacción también obstaculiza el sustento de las mujeres, ya que no pueden acceder a los recursos naturales que son fundamentales para sus responsabilidades de cuidado.
¿Quiénes son los relatores especiales de la ONU?
Los Procedimientos Especiales son el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, Olivier de Schutter; el relator especial de la ONU sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi; la relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor y el relator especial de la ONU sobre pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay.
Los relatores especiales de las Naciones Unidas forman parte de los procedimientos especiales de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y son expertos independientes en derechos humanos con el mandato de informar y asesorar sobre los derechos humanos desde una perspectiva temática o específica de un país. El sistema de procedimientos especiales es un elemento central del mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Su importancia se deriva de su capacidad para crear conciencia internacional sobre violaciones supuestamente importantes y defender a las víctimas.
También brindan a los Estados y otras partes interesadas clave la oportunidad de aclarar las cosas y justificar sus acciones, al tiempo que generan un registro de abusos alegados contra los Estados durante tiempo y proporcionando un incentivo para que los gobiernos actúen para rectificar cualquier violación. Los procedimientos especiales también permiten al titular del mandato ofrecer una interpretación de la ley aplicable.
Los mandatos consideran un proceso de comunicación con los gobiernos sobre presuntas violaciones de derechos humanos, ya sea a través de cartas de alegación, en las que buscan una respuesta oficial de un gobierno sobre una presunta violación de derechos humanos, o mediante cartas de acción urgente, que alegan daño inminente a menos que un gobierno actúe. inmediatamente.
Las cartas de alegación sobre el caso Unión Hidalgo cobran especial relevancia, ya que se encuentran entre las pocas que no solo llaman a los Estados, sino también a los actores corporativos no estatales involucrados en las denuncias de violaciones de derechos humanos.
¿Quiénes son GI-ESCR y ProDESC y por qué participan?
GI-ESCR y ProDESC están muy preocupados por los procesos de transición energética que no consideran los principios de igualdad de género y derechos humanos. Los derechos de las personas deben estar a la vanguardia de la transición verde en todas las etapas para garantizar que sea sostenible y justa para todos.
El derecho a la participación en el interior juega un papel crucial al hacerlo. Solo entonces podremos asegurarnos de que las comunidades marginadas, incluidas las mujeres, sean tenidas en cuenta en el proceso.
ProDESC es una ONG mexicana feminista que se trabaja para avnzar los derechos económicos, sociales y culturales. ProDESC defiende y acompaña procesos colectivos en tres ejes principales: el derecho a la tierra, el territorio y los bienes naturales; derechos humanos laborales; y el derecho a defender los derechos humanos. La organización acompaña al pueblo zapoteca en la búsqueda de justicia en el caso Unión Hidalgo.
GI-ESCR, con su enfoque en transiciones verdes y experiencia en transiciones energéticas justas de género, ha estado apoyando activamente este caso y brindando asistencia en la identificación de los impactos diferenciados de género y guiando el compromiso con los relatores especiales de la ONU.
Para obtener más información, comuníquese con
Para obtener más información sobre el caso, considere el siguientes documentos:
PROGRAMME OFFICER -PUBLIC SERVICES
Ana Clara works as a Programme Officer on Public Services with the Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights. She holds a master’s degree in Human Rights and Humanitarian Action from Sciences Po in Paris, where she focused on economic, social, and cultural Rights, and Latin American and gender studies. She holds a Bachelor of Laws from Universidade Federal de Mato Grosso in Brazil.
Ana Clara previously worked on litigation claims concerning the right to social security and the right to health at the Public Defender’s Office and Federal Court of Justice in Brazil. She also supported the work of the Special Rapporteur on Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights of the Inter-American Commission on Human Rights. Recently, she worked on strategic litigation before the Inter-American Court of Human Rights as part of the team of the Center for Justice and International Law.
Ana Clara, country is Brazil (Based in Paris).
PROGRAMME OFFICER -PUBLIC SERVICES & REPRESENTATIVE FOR AFRICA
Ashina works as the Programme Officer for Public Services and Representative for Africa with the Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. She is an Advocate of the High Court of Kenya, with an LL.B degree from the University of Nairobi, Kenya, and an LL.M (with distinction) in Human Rights and Democratisation in Africa from the Centre for Human Rights, University of Pretoria, South Africa.
Passionate about social justice, she has worked in the human rights sector for over six years at the intersection of global and national struggles for just systems of public service delivery to ensure everyone can enjoy their socio-economic rights, first at the Economic and Social Rights Centre-Hakijamii in Kenya and then at GI-ESCR. In particular, she has led and supported research and advocacy at local, national and global research and advocacy focused on the human rights legal framework relating to the rights to land, housing, education, health and water, for marginalised communities. Her research interests also include human rights and economic policy and the contribution that human rights obligations can make to the formulation and implementation of economic policy.
Ashina is based in Nairobi, Kenya.
SENIOR COMMUNICATIONS OFFICER
Belén has a BA in International Relations. She lived in India and the Philippines just after graduating where she volunteered for three years in health and education projects. Upon her return to Argentina, where she is native from, she joined Red Solidaria as volunteer and international aid coordinator. She worked as a journalist and program manager at La Nación newspaper foundation in Buenos Aires, to later become Social Media information specialist at the US Embassy in Buenos Aires. She acted there as Liaison Officer with other sections and became Grant Officer representative. She was selected to become HelpArgentina's Executive Director to help expand fundraising opportunities abroad for NGOs from other Latin American countries, and successfully transitioned the organization into PILAS, Portal for Investment in the Latin American Social Sector. From there she moved on to working at a new media startup, RED/ACCION, as Engagement Editor and Membership coordinator before joining us as Communications Officer.
Belén is based in Buenos Aires, Argentina.
RESEARCH ASSOCIATE
Lorena Zenteno is a PhD student at the University of Edinburgh. Her primary research interests include the human rights dimensions of climate change and environmental impacts, climate change justice, gender, and the judiciary’s role in the climate change crisis. Lorena has worked for several years in Chile, as a judge, as a law clerk, in the Court of Appeal of Concepcion, Santiago and in the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Chile. She is a member of the Environment and Human Rights Commission of the National Association of the Chilean Judiciary, dedicated to study and discuss climate change and environmental impacts on human rights. Lorena is the Chilean National Rapporteur on Global Climate Litigation database for the Sabin Center for Climate Change Law of Columbia University.
She was a senior researcher for the former UN Special Rapporteur on Cultural Rights, Karima Bennoune, from September 2018 until September 2021. Supported and assisted the UN Special Rapporteur to fulfil his mandate to the UN General Assembly and UN Human Rights Council.
She holds an LL.B. from Universidad de Concepcion, a LL.M. in Environmental Law from the University of Davis, California, and a Master in Business Law from the University Pompeu Fabra, Barcelona, Spain. Lorena is a member of the the Global Network for the Study of Human Rights and the Environment.
Lorena is based in Geneva, Swiss.
PROGRAMME OFFICER -RIGHT TO EDUCATION
Zsuzsanna works as Right to Education Officer with the Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Prior to joining GI-ESCR, she assisted in the drafting process of the Abidjan Principles on the Right to Education and the development and publication process of the Commentary of the Abidjan Principles as a consultant. Previously, she has worked with the Open Society Justice Initiative as an Aryeh Neier Fellow on issues such as equality and non-discrimination, Roma rights, the right to education, economic justice, access to justice and the rule of law. She has also worked as a lawyer with the Hungarian Civil Liberties Union on educational segregation, Roma rights and hate crimes. She holds an LL.M in Public International Law from the University of Edinburgh and a Law Degree from the Eötvös Loránd University Budapest.
Zsuzsanna is based in Budapest, Hungary.
If you enjoy our work, please consider making a donation!
No amount is too small. Your contribution will help us fight for transformative change to end endemic problems of social and economic injustice.
The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights is a 501(c)(3) non-profit organisation. Donations are tax-deductible in many countries, including the United States.
OFICIAL DE PROGRAMA - SERVICIOS PÚBLICOS Y REPRESENTANTE PARA ÁFRICA
Ashina es oficial del Programa para los Servicios Públicos y Representante para África de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Es abogada de la Corte Suprema de Kenia, egresada (LL.B) de la Universidad de Nairobi, Kenia, y con un máster (LL.M) en derechos humanos y democratización en África, completado con honores, en el Centro para los Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica.
Ashina es una apasionada de la justicia social, y ha trabajado en el área de los derechos humanos en el marco de las luchas nacionales y mundiales por sistemas más justos de prestación de servicios públicos, que garanticen a todos el disfrute de sus derechos socioeconómicos. Primero trabajó en el Economic and Social Rights Centre de Hakijamii, Kenia, y luego, en el GI-ESCR. Concretamente, ha dirigido y apoyado la investigación y la defensa, a nivel local, nacional y mundial, del marco legal de derechos humanos para los derechos de las comunidades marginadas a la tierra, la vivienda, la educación, la salud y el agua. Sus intereses en la investigación se orientan también a los derechos humanos y las políticas económicas, así como a la contribución que el cumplimiento de los derechos humanos hace a la formulación y ejecución de las políticas económicas.
Ashina reside en Nairobi, Kenia.
OFICIAL DE PROGRAMA - DERECHO A LA EDUCACIÓN
Zsuzsanna es oficial del Programa de Derecho a la Educación de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Antes de unirse a GI-ESCR, colaboró, como consultora, en la redacción de los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación, así como en la elaboración y publicación del Comentario de los Principios de Abiyán. Previamente, Zsuzsanna trabajó con la Open Society Justice Initiative como becaria de la Aryeh Neier Fellowship, en temas como la igualdad y la no discriminación, los derechos de los romaníes (Roma Rights), el derecho a la educación, la justicia económica, el acceso a la justicia y el estado de derecho. También ha trabajado como abogada con la Hungarian Civil Liberties en la segregación educativa, los derechos de los Romaníes y los crímenes de odio. Tiene un máster (LL.M) en derecho público Internacional por la Universidad de Edimburgo y una licenciatura en Derecho por la Universidad Eötvös Loránd, Budapest.
Zsuzsanna reside en Budapest, Hungría.
SENIOR AGENT DE COMMUNICATION
Belén est titulaire d’un BA en relations internationales. Juste après avoir obtenu son diplôme, elle a vécu en Inde et aux Philippines, où elle s'est portée volontaire pendant trois ans pour des projets de santé et d'éducation. À son retour en Argentine, d'où elle est originaire, elle a rejoint Red Solidaria en tant que volontaire et coordinatrice de l'aide internationale. Elle a travaillé comme journaliste et responsable de programme à la fondation du journal La Nación à Buenos Aires, pour devenir ensuite spécialiste de l'information sur les médias sociaux à l'ambassade des États-Unis à Buenos Aires. Elle y a joué le rôle d'agent de liaison avec les autres sections et est devenue représentante des agents de subvention. Elle a été choisie pour devenir la directrice exécutive de HelpArgentina afin d'aider à développer les possibilités de collecte de fonds à l'étranger pour les ONG d'autres pays d'Amérique latine, et a réussi la transition de l'organisation vers PILAS, le portail d'investissement dans le secteur social latino-américain. Elle a ensuite travaillé pour une start-up de nouveaux médias, RED/ACCION, en tant que rédactrice chargée de l'engagement et coordinatrice des membres, avant de nous rejoindre en tant que responsable de la communication.
Belén vit à Buenos Aires, en Argentine.
OFICIAL ASOCIADO DE PROGRAMA- SERVICIOS PÚBLICOS
Ana Clara Cathalat colabora como socia en la Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights, mientras prosigue con su máster en derechos humanos y acción humanitaria en la Universidad Sciences Po, París. Allí centra su interés en los derechos económicos, sociales y culturales y en estudios de género en América Latina. Tiene una licenciatura en derecho por la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil.
Previamente, Ana Clara trabajó en reclamaciones judiciales relacionadas con el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud en la Oficina del Defensor Público y el Tribunal Federal de Brasil. Asimismo, apoyó la labor del Relator Especial en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, trabajó en litigios estratégicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como miembro del equipo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Ana Clara, Brasil. (Reside en París).
INVESTIGADORA ASOCIADA
Lorena Zenteno es estudiante de doctorado en la Universidad de Edimburgo. Entre sus principales intereses de investigación se encuentran el impacto del cambio climático y su efecto ambiental sobre los derechos humanos, la justicia ambiental, el género y el papel del sistema de justicia en la crisis por el cambio climático. Trabajó varios años en Chile como jueza y como asistente jurídico en la Corte de Apelaciones de Concepción, Santiago, y en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Chile. Es miembro de la Comisión de los Derechos Humanos y Ambientales de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, la cual se dedica a estudiar el impacto del cambio climático y su efecto ambiental sobre los derechos humanos. Lorena es la relatora nacional chilena de la base de datos de los litigios por el cambio climático del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia.
Trabajó como investigadora principal para la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales de las Naciones Unidas, Karina Bennoune, desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2021. Apoyó y asistió al Relator Especial de las Naciones Unidas en sus labores ante la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tiene una licenciatura en derecho por la Universidad de Concepción, un máster en derecho ambiental por la Universidad de Davis, California, y un máster en derecho empresarial por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Lorena es miembro de la Global Network for the Study of Human Rights and the Environment.
Lorena reside en Ginebra, Suiza.
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OFICIAL DE PROGRAMA - SERVICIOS PÚBLICOS Y REPRESENTANTE PARA ÁFRICA
Ashina es oficial del Programa para los Servicios Públicos y Representante para África de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Es abogada de la Corte Suprema de Kenia, egresada (LL.B) de la Universidad de Nairobi, Kenia, y con un máster (LL.M) en derechos humanos y democratización en África, completado con honores, en el Centro para los Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica.
Ashina es una apasionada de la justicia social, y ha trabajado en el área de los derechos humanos en el marco de las luchas nacionales y mundiales por sistemas más justos de prestación de servicios públicos, que garanticen a todos el disfrute de sus derechos socioeconómicos. Primero trabajó en el Economic and Social Rights Centre de Hakijamii, Kenia, y luego, en el GI-ESCR. Concretamente, ha dirigido y apoyado la investigación y la defensa, a nivel local, nacional y mundial, del marco legal de derechos humanos para los derechos de las comunidades marginadas a la tierra, la vivienda, la educación, la salud y el agua. Sus intereses en la investigación se orientan también a los derechos humanos y las políticas económicas, así como a la contribución que el cumplimiento de los derechos humanos hace a la formulación y ejecución de las políticas económicas.
Ashina reside en Nairobi, Kenia.
RESPONSABLE DE PROGRAMME - DROIT À l’ÉDUCATION
Zsuzsanna travaille actuellement en tant que responsable du droit à l'éducation pour l'Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels. Avant de rejoindre GI-ESCR, elle a participé, en tant que consultante, au processus de rédaction des Principes d'Abidjan sur le droit à l'éducation et au développement et à la publication du Commentaire des Principes d'Abidjan. Auparavant, elle a travaillé avec l'Open Society Justice Initiative en tant que boursière Aryeh Neier sur des questions telles que l'égalité et la non-discrimination, les droits des Roms, le droit à l'éducation, la justice économique, l'accès à la justice et l'État de droit. Elle a également travaillé en tant qu'avocate pour l'Union hongroise des libertés civiles sur la ségrégation scolaire, les droits des Roms et les crimes haineux. Elle est titulaire d'un master en droit international public de l'Université d'Édimbourg et d'un diplôme de droit de l'Université Eötvös Loránd de Budapest.
Zsuzsanna vit à Budapest, en Hongrie.
CHARGÉE DE PROGRAMME ASSOCIÉE – SERVICES PUBLICS
Ana Clara Cathalat collabore actuellement, dans le cadre d’une bourse, à l’Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels, tout en préparant un master en droits de l'Homme et action humanitaire à Sciences Po Paris, où elle se spécialise en droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’en études de genre et latino-américaines. Elle a une licence de droit de l’Université Fédérale du Mato Grosso au Brésil.
Ana Clara a auparavant travaillé sur des actions en justice relatives au droit à la sécurité sociale et au droit à la santé auprès du Bureau de l’aide juridictionnelle et de la Cour de justice fédérale du Brésil. Elle a également appuyé les travaux de la Rapporteuse spéciale sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux de la Commission interaméricaine des droits de l'Homme. Elle a récemment travaillé sur des actions en justice dans des cas stratégiques auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'Homme, au sein de l’équipe du Centre pour la Justice et le Droit International (CEJIL).
Ana Clara, le pays est le Brésil (Basée à Paris).
ASSOCIÉE DE RECHERCHE
Lorena Zenteno est doctorante à l’Université d’Édimbourg. Ses principaux thèmes de recherche sont les dimensions du changement climatique et des problèmes écologiques relatives aux droits de l'Homme, la justice climatique, le genre, et le rôle de la Justice dans la crise du changement climatique. Lorena a travaillé pendant plusieurs années au Chili, comme juge et comme légiste, auprès des Cours d’appel de Concepción et Santiago et de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Chili. Elle fait partie de la Commission de l’environnement et des droits de l'Homme de l’Association nationale de la magistrature chilienne, dont la mission est d’étudier et de débattre des conséquences du changement climatique et des problèmes écologiques sur les droits de l'Homme. Lorena est la Rapporteuse nationale chilienne sur la base mondiale des actions en justice climatiques pour le Centre Sabin pour le droit du changement climatique de l’Université de Columbia.
Elle a occupé le rôle de chercheuse principale pour l’ancienne Rapporteuse spéciale sur les droits culturels de l’ONU, Karima Bennoune, entre septembre 2018 et septembre 2021. Elle a appuyé et soutenu la Rapporteuse spéciale de l’ONU dans l’accomplissement de son mandat conféré par l’Assemblée générale de l’ONU et le Conseil des droits de l'Homme de l’ONU.
Elle a une licence de droit de l’Université de Concepción, un master en droit de l’environnement de l’Université de Davis (California) et un master en droit des affaires de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone (Espagne). Lorena fait partie du Réseau mondiale pour l’étude des droits de l'Homme et de l’environnement.
Lorena vit à le Chili, basé à Genève.
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L'Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels est une organisation à but non lucratif 501(c)(3). Les dons sont déductibles des impôts dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis.
SENIOR OFICIAL DE COMUNICACIONES
Belén es licenciada en Relaciones Internacionales. Apenas se graduó, vivió en la India y en Filipinas, donde fue voluntaria durante tres años en proyectos de salud y educación. Al regresar a su nativa Argentina se incorporó a la Red Solidaria como voluntaria y coordinadora de ayuda internacional. Trabajó como periodista y gestora de programas de la fundación del diario La Nación en Buenos Aires, para luego convertirse en especialista en información de medios sociales en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Allí actuó como oficial de enlace con otras secciones y se convirtió en oficial representante de los programas de subvenciones. Fue seleccionada como Directora Ejecutiva de HelpArgentina con la función de ampliar las oportunidades de recaudación de fondos internacionales de las ONG de otros países latinoamericanos, y logró la transición exitosa de la organización hacia PILAS, Portal para la Inversión Social en Latinoamérica. De allí pasó a trabajar en una nueva empresa de medios de comunicación, RED/ACCION, como editora y coordinadora de membresías, antes de unirse al equipo de la GI-ESCR como oficial de comunicaciones.
Belén reside en Buenos Aires, Argentina.