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Participación de GI-ESCR en la COP28

Participación de GI-ESCR en la COP28

Durante los últimos tres años, GI-ESCR ha participado en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) entendiendo que es un espacio fundamental para cumplir con su mandato.

La 28ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP28) se llevó a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y GI-ESCR estuvo presente. Más de 60.000 representantes de Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, Pueblos Indígenas, la industria y organizaciones internacionales se reunieron en Dubái con la misión de eliminar los combustibles fósiles y llevar a cabo una transición hacia una economía sostenible centrada en la protección de las personas y el planeta.

GI-ESCR se reunió con delegaciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la ONU y demás partes interesadas para contribuir a las discusiones sobre políticas fiscales progresivas basadas en derechos y una transición justa en términos de género.

A continuación, resaltamos algunos eventos de los que GI-ESCR participó durante esta COP:

Nuevo informe: Pacto Fiscal Verde para Latinoamérica y el Caribe

En medio de pocas discusiones sobre soluciones alternativas de financiamiento basadas en impuestos en el contexto de las negociaciones climáticas, GI-ESCR, DeJusticia, Nuestra América Verde, FIMA, GFLAC y AIDA publicaron un nuevo informe que esboza propuestas innovadoras sobre política fiscal para financiar la transición justa. El documento titulado "Impuestos Verdes y Progresivos para la Transición Socioecológica: Perspectiva desde Latinoamérica y el Caribe" se lanzó durante la primera semana de negociaciones en la COP28, en el Climate Justice HUB (Zona Azul).

El informe argumenta a favor de que las naciones y los súper ricos, que han contribuido de manera desproporcionada al cambio climático, paguen su justa parte a través de nuevos impuestos. Sostiene que los fondos recaudados

pueden ayudar a financiar transición de los combustibles fósiles y otras medidas necesarias para adaptarse a los impactos climáticos en los países de LAC. El objetivo de estos esfuerzos es fomentar la discusión y la acción en torno a una reforma fiscal para la justicia climática basada en derechos humanos y los principios de equidad, responsabilidades comunes pero diferenciadas y sostenibilidad ecológica. Junto con socios, GI-ESCR insta a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a explorar estas recomendaciones en las conversaciones climáticas, al mismo tiempo que aboga por una revisión de las reglas fiscales globales que facilitan el abuso fiscal corporativo y restringen los recursos de los países más pobres para impulsar la transición justa.

Reunión con la Ministra de Medio Ambiente de Colombia

GIESCR y socios tuvieron una reunión estratégica de seguimiento con la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, y su equipo negociador. La discusión se centró en temas clave como financiamiento climático, el Balance Global y una transición justa en términos de género. Se proporcionaron detalles específicos sobre las solicitudes de Colombia para un mayor financiamiento climático por parte de los países desarrollados para apoyar proyectos de sostenibilidad y transición hacia energías limpias. También hubo diálogo sobre el seguimiento del progreso de los compromisos climáticos futuros y el establecimiento de metas más ambiciosas para la reducción de emisiones que promuevan la justicia ambiental y fiscal.

Balance Global Independiente (IGST)

Como miembros del Balance Global Independiente (Independent Global Stocktake - IGST), GI-ESCR se reunió con otros grupos regionales para discutir el progreso en las negociaciones y los puntos críticos a incluir en la publicación del primer Balance Global en la COP28. Las discusiones se centraron en la necesidad de aumentar la ambición climática, fortalecer la cooperación regional y asegurar que el Balance Global sirva como un instrumento para que la sociedad civil exija una mayor responsabilidad a los estados e informe sobre la nueva ronda de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Consulta nuestra declaración conjunta AQUÍ.

Reunión estratégica con ESCR Net

Como parte de la Red Global ESCR Net, GI-ESCR participó en reuniones estratégicas para fortalecer un enfoque basado en los derechos humanos en las negociaciones climáticas. Los puntos de discusión clave incluyeron garantizar que los planes de aumento del financiamiento climático tengan mecanismos adecuados de supervisión, transparencia y accesibilidad para que los recursos apoyen directamente estrategias de adaptación y mitigación en países en desarrollo que enfrentan las mayores amenazas climáticas. En ese sentido, existe una necesidad de sistemas de informes, seguimiento y rendición de cuentas más sólidos. Además, los miembros de la red resaltaron cómo la financiación por pérdidas y daños debe adherirse a los principios de derechos humanos en cuanto a asistencia oportuna, adecuada y basada en las necesidades. A medida que los impactos climáticos se intensifican, el apoyo por pérdidas y daños debe incorporar a las poblaciones afectadas en la toma de decisiones y distribuir la ayuda de manera eficiente y sin discriminación.

En general, la Red utilizó su presencia y defensa en la COP28 para presionar a las partes sobre la integración de los derechos humanos en todos los compromisos y planes climáticos, al tiempo que apoya a los grupos vulnerables.

Declaración conjunta de GFLAC

GIESCR, junto con más de 81 organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, emitió una declaración conjunta sobre financiamiento climático a través del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. La declaración instó a transformar la forma en que se entrega, accede, informa y gobierna el financiamiento climático para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. Por favor, lee la declaración conjunta AQUÍ.

Expertos de la ONU realizaron una conferencia de prensa pidiendo por justicia fiscal en las negociaciones climáticas

Isabelle Durant, Presidenta del Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo, José Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Attiya Waris, Experta independiente sobre los efectos de la deuda externa y otras obligaciones financieras internacionales relacionadas con los derechos humanos, y David Boyd, Relator Especial sobre los derechos

humanos y el medio ambiente llevaron a cabo una conferencia conjunta. El propósito de la conferencia fue resaltar las prioridades y oportunidades para la acción climática basada en los derechos humanos en la COP28. Estos expertos formaron parte de la delegación más grande jamás vista de expertos independientes de la ONU en derechos humanos que participaron en la cumbre climática de la ONU.

La Profesora Attiya Waris enfatizó la conexión entre la política fiscal y la justicia climática. "No hay justicia climática sin justicia fiscal", declaró en la conferencia de prensa. Como Experta Independiente de la ONU en deuda externa y finanzas internacionales, la Profesora Waris proporcionó ideas cruciales sobre cómo los temas de finanzas, impuestos, flujos ilícitos de dinero y derechos humanos se entrelazan con los esfuerzos para abordar el cambio climático. En particular, señaló la falta de discusión sobre los diferentes tipos y mecanismos de financiamiento, diversos métodos de tributación y problemas relacionados con el movimiento ilegal de fondos y los impuestos sobre la riqueza.

GIESCR también discutió con el experto de la ONU sobre el nuevo informe de GI-ESCR "Un Pacto Fiscal Verde para América Latina y el Caribe" y sobre cómo los países de ALC pueden adoptar medidas fiscales audaces para financiar y abordar la emergencia climática.

Caminos a seguir hacia el 2024

Si bien se lograron avances en la COP28, queda mucho trabajo por hacer en 2024 y más allá. Los próximos pasos clave para GI-ESCR y sus socios serán continuar el trabajo de defensa con los gobiernos para implementar compromisos más sólidos de reducción de emisiones, mejorar la transparencia en el cumplimiento de los compromisos de financiamiento climático e integrar los derechos humanos y las obligaciones de justicia ambiental en la formulación de políticas. GI-ESCR también tiene como objetivo utilizar herramientas de rendición de cuentas como el Balance Global para exigir una acción climática más audaz y basada en derechos por parte de los estados que se alinee con las trayectorias de 1.5°C. Esto implica colaborar con expertos de la ONU para avanzar en posiciones basadas en principios en las negociaciones y procesos climáticos, así como ampliar la participación de la sociedad civil al fortalecer las voces de las comunidades en la primera línea de defensa en los foros de toma de decisiones. En general, GI-ESCR busca construir momentum con socios estratégicos para comprometer a los países y corporaciones a compromisos climáticos ambiciosos y socialmente justos mediante la defensa basada en evidencia y el aprovechamiento de mecanismos de informe. El objetivo es garantizar que las poblaciones más vulnerables y las generaciones futuras sean consideradas al planificar y financiar una transición equitativa hacia la resiliencia climática y emisiones netas cero. Mirando hacia adelante, habrá un impulso continuo hacia la justicia, la participación y la rendición de cuentas en la lucha climática global.

 

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Climate and Environmental Justice

We have advanced rights-based and gender-transformative transition frameworks through research that centres the lived experiences of women and marginalised communities on the frontlines of extractive energy policies, promoting climate and energy frameworks attentive to the social and care-related impacts of transition pathways. We have developed a clear vision for a gender-just transition, firmly rooted in gender and human rights norms, establishing both the legal basis and the direction for the transformative changes our planet and societies urgently need. In particular, the ‘Guiding Principles for Gender Equality and Human Rights in the Energy Transition’, a collective effort built through online consultations, an in-person workshop and multiple rounds of revision with activists, practitioners and experts from around the world, outline a transformative vision for reshaping global energy systems through a human rights and gender equality lens.

Our work recognises that the climate emergency is both an existential threat and an opportunity to reimagine societies built on social, gender, economic and environmental justice. We ground our advocacy in feminist and intersectional principles, prioritising the agency and perspectives of communities in the Global South who have contributed the least to the climate emergency yet face its most devastating consequences. Central to our approach is the understanding that energy is not merely a commodity but a fundamental human right; essential for dignity, health, education, work and the realisation of countless other rights. We challenge approaches to the energy transition that risk replicating the harmful patterns of fossil fuel extraction and, instead, advocate for transformative policies that ensure human rights and gender equality as central to building climate-resilient societies rooted in dignity, justice and planetary well-being.

What's next?

We will continue to challenge approaches that treat energy transition as merely a technical shift, instead positioning it as an opportunity to reimagine economies and societies rooted in dignity for all, with particular attention to communities in the Global South who have contributed least to the climate emergency yet are most exposed to its worst effects.

We will connect community-level evidence and the lived experiences of those on the frontlines of extractive policies to national reform and global norm-setting, breaking down silos between human rights, gender, and climate movements, and advancing a shared vision that recognises just transitions as not only fundamental to achieving climate-resilient and sustainable societies, but as transformative pathways that advance social and gender equality, redistribute power and resources equitably, and ensure that energy systems serve the public good rather than profit.

We will mainstream rights-based and genderjust transition priorities in key multilateral spaces (particularly, within the Just Transition Work Programme and the to-be-developed Just Transition Mechanism, within the UNFCCC) to guarantee that just transitions are advanced at all levels.

We will also translate our work, through strategic advocacy, into at least two concrete policy wins, whether promoted, adopted, implemented, or scaled, in priority countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Colombia, South Africa, or Kenya), ensuring these policies align with human rights standards, centre gender equality, and reflect the needs and views of affected communities.

We will build momentum for the progressive recognition of the right to sustainable energy to shift dominant narratives away from purely extractive solutions that sideline gendered impacts, community participation, and Global South perspectives.

Economic Justice and Climate Finance

Our work has transformed the global discussion on fiscal policy in a more just, emancipatory and sustainable direction. Our approach has combined both high-level, expert contributions within decisionmaking circles, with bold, impactful work on narrative change with the general public.

We have been instrumental in the inclusion of human rights as a guiding principle of the future United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation, a multilateral instrument with the potential of raising approx. USD 492 billion per year in public revenues currently foregone to global tax abuse. In the process leading to the ‘Compromiso de Sevilla’ decided at FfD4, we proposed and succeeded in creating a specific human rights workstream within the Civil Society Financing for Development Mechanism, which was critical to ensure that explicit commitments on the matter were included in the negotiating outcome. In a context of cutbacks in multilateral institutions, we have amplified the capacities of technical experts, providing rigorous technical support and leveraging our influence to ensure the enactments of groundbreaking standard-setting instruments, such as the 2025 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights Statement on Fiscal Policy and Human Rights, and the first ex oficio hearing on the Inter-American Commission of Human Rights on Fiscal and Economic Policies to Address Poverty and Structural Inequality, leading to an upcoming thematic resolution on the matter. We have also bridged the silos between multilateral tax discussions and climate finance debates, promoting ambitious financing commitments to increase international and domestic resource mobilisation during COP 28, 29 and 30.

At the regional level, our engagement with fiscal cooperation platforms such as the Platform for Fiscal Cooperation of Latin America and the Caribbean (PTLAC), where we are member of its Civil Society Consultative Council, and the African Anti-IFFs Policy Tracker, for which we participated in the pilot mission in Ivory Coast together with Tax Justice Network Africa (TJNA), have been critical in cementing a growing engagement between tax administrations and ministries of finance with international legal experts, exploring actionable and transformative initiatives, such as the taxation of high-net-worth individuals, beneficial ownership registries and corporate countryby-country reports, to be implemented at the international level.

At the local level, our interventions in fiscal reform debates in Chile, Brazil, Colombia and Nigeria have contributed to shaping legislative outcomes in a more progressive, rights-compliant direction.

As for our leadership in narrative change, we have a measurable track record in delivering tailored, innovative campaigns which have decisively expanded economic justice constituencies by appealing to a broader tent. In Latin America and the Caribbean, we created the ‘Date Cuenta’ campaign, coordinating over 40 organisations across civil society to deliver plain language, innovative messaging connecting progressive fiscal reforms to the financing of health, education and social protection. ‘Date Cuenta’ generated over 55 original campaign messages that were tailored to the realities of seven priority countries (Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru and Honduras) and disseminated in Spanish, Portuguese and English. In doing so, we convened more than 65 online co-creation workshops with partners, coordinating a unified communications strategy which combined digital outreach, press and media coverage, and collaboration with influencers. Ultimately, ‘Date Cuenta’ resulted in more than 60,000 interactions on social media, coverage in major regional and international media outlets, including El País, Deutsche Welle, Bloomberg and France 24, and the participation of at least 63 social media influencers through 58 dedicated publications. In collaboration with Fundación Gabo and the Friedrich Ebert Stiftung, we also organised a two-day workshop in Bogota with 20 journalists from 13 countries, building a regional network trained in a human rights-based approach to fiscal policy that has since generated published media coverage on outlets such as La Diaria, Ciper, El Diario Ar and Milenio. Through ‘Date Cuenta’ and our regional advocacy, we strengthened civil society engagement in key processes, including the Financing for Development track and FfD4, co-organised highlevel dialogues with states and civil society from Latin America and Africa.

What's next?

We will shape the UN Tax Convention and its Protocols so they embed human rights principles, and we will stay engaged through follow-up processes (including the expected Conference of the Parties) to support effective implementation. We will keep linking tax and climate finance so that new resources mobilised through fiscal cooperation are channelled to adaptation, mitigation, and loss and damage, in line with UNFCCC commitments.

Public Services for Care Societies

We have translated participatory research into accountability and policy outcomes.

In Ivory Coast, our work with Mouvement Ivoirien des Droits Humains and affected communities since 2023 exposed how privatisation and lack of accountability restrict access to quality healthcare. It contributed to the closure of 1,022 illegal private health centres, an executive instrument strengthening the regulation of private hospitals across the country, and the creation of a permanent complaints management committee in healthcare through a bylaw issued by the prefect of Gagnoa. Partners engaged through this process also advanced concrete improvements at facility level: members of the Gagnoa Midwives Association who took part in the participatory action research pooled resources to renovate the neonatal unit of the Regional Hospital, and the Director of the Gagnoa General Hospital launched an action plan to expand services and improve patient reception, with the facility receiving the award for best hospital in the country in 2025.

In Kenya, our research with the Mathare Education Taskforce documented the absence of public schools and the expansion of private provision, evidencing impacts on households and caregivers and strengthening demands for free, quality public education. This work contributed to stronger community agency and collective organisation, alongside ongoing strategies ranging from communications to litigation to secure a public school in the area, some involving GI-ESCR and others led independently.

Across Africa, this work is complemented by a multi-country study examining the human rights implications of austerity in education and health, including how regressive fiscal policies, rising debt burdens and persistent underinvestment undermine the financing and delivery of public services.

In Latin America, from 29 November to 2 December 2021, over a thousand representatives from over one hundred countries, from grassroots movements, advocacy, human rights, and development organisations, feminist movements, trade unions, and other civil society organisations, met in Santiago, Chile, and virtually, to discuss the critical role of public services for our future. Following the meeting, the Santiago Declaration on Public Services was adopted to demand universal access to quality, gender-transformative and equitable public services as the foundation of a fair and just society.

We are currently advancing work on care systems, linking public services and fiscal justice through integrated research, advocacy and communications, including a regional campaign framing care as a collective responsibility requiring sustained public investment.

What's next?

In Ivory Coast, we will evaluate and strengthen the complaints management committee and position it as a replicable model for other health facilities. In Kenya, we will support the Mathare community to co-design a model public school for Mabatini and Ngei wards, grounded in human rights standards. Building on our multi-country austerity study, we will drive national advocacy on financing for education and health: advancing reforms in Ghana; launching a fiscal policy and public services financing agenda in Kenya through the CESCR process and targeted coalition work; and, in Nigeria, using the new tax acts in force since 1 January 2026 to catalyse a national accountability campaign for adequately funded, quality public services. In Latin America, we will amplify locally led care pilots across 8 countries and turn lessons into influence—advancing care policies that strengthen care organisations, protect care workers’ rights, support unpaid caregivers, include disability and family networks, and redistribute care more equitably.